Por: Juan Quiroz Director de la Unidad I (Estrategia, Transmedia y Desarrollo) - VÉRTICE S.A.S.
1. El Dato Frente a la Verticalidad Sistémica
En las sociedades contemporáneas, el ejercicio del poder punitivo estatal suele estabilizarse a través de una apariencia de infalibilidad técnica e institucional. Sin embargo, cuando el aparato administrativo prescinde del rigor probatorio y reduce la realidad territorial a un mero registro automatizado, la acción ciudadana respaldada por la ciencia de datos y la soberanía informacional se erige como un contrapeso indispensable.
Este artículo documenta y sistematiza de forma forense la invalidez jurídica del expediente de un comparendo. A través de un análisis crítico de las inconsistencias métricas y de georreferenciación cometidas por la fuerza pública, se examina cómo la interposición de una PQRS estructurada derivó en la emisión de la Orden de Policía N° RV 42, decretando la revocatoria directa y absoluta de una Multa General Tipo 4. El dato, una vez más, ha sepultado al relato institucional.
2. Marco Epistemológico: La Sistematización de la Falla
Conforme a las orientaciones de Oscar Jara, la sistematización de experiencias no consiste en la simple catalogación de datos, sino en una interpretación crítica de los procesos inéditos para producir conocimiento transformador desde la práctica. El objeto de esta sistematización es el trayecto recorrido entre la imposición de una sanción fiscal coactiva y su nulidad absoluta decretada el 24 de septiembre de 2025.
Desde la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas, la validez de cualquier acto administrativo no se mide por la coacción vertical del sistema, sino por el cumplimiento estricto de pretensiones de validez argumentativa y veracidad fáctica. Cuando un agente de policía impone una sanción omitiendo la carga probatoria, fractura el debido proceso y sitúa el acto en el terreno de la imposición instrumental.
3. Reconstrucción Forense: Telemetría vs. Relato Funcional
La vulneración radical del debido proceso se detectó al ejecutar una auditoría técnica sobre los metadatos del comparendo. Al contrastar la información, la propia Inspección de Policía Urbana 1A Categoría de Medellín evidenció una desconexión crítica:
- Las coordenadas geográficas arrojadas por el sistema operativo de la patrulla en el instante de la imposición no correspondían con la dirección física suministrada manualmente por el agente en el formulario.
- La zonificación carecía de correspondencia con la ubicación real y la comuna de los hechos.
Este desajuste métrico eliminó la certeza sobre el lugar exacto del presunto comportamiento contrario a la convivencia, invalidando la tipicidad de la acción policial.
4. La Respuesta Institucional: Revocatoria y Restablecimiento del Derecho
Ante la interposición del recurso de revocatoria directa, la inspectora Liliana Cecilia Jasbon Cabrales emitió un dictamen concluyente: el agente de la Policía Nacional no cumplió con la carga jurídica y probatoria necesaria para determinar de manera clara, coherente y concreta cómo los hechos narrados se conectaban con la descripción jurídica.
La providencia aplicó de manera taxativa el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), hallando probadas las tres causales de revocación:
- Oposición a la Constitución y la Ley: Por violentar los principios de la función administrativa (Art. 209 C.P.) y el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P.).
- Atentado contra el interés público: Por vulnerar la recta administración de justicia.
- Agravio injustificado: Al imponer una sanción y un reporte en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) basándose en un registro viciado.
En consecuencia, el despacho ordenó revocar directamente la orden de policía, abstenerse de imponer la multa y la medida pedagógica, y cancelar todas las anotaciones en el RNMC.
5. El Dato como Contra-Poder
Como señala Byung-Chul Han en su análisis de la Psicopolítica, los sistemas centralizados acumulan masas de información (Big Data), pero frecuentemente son "ciegos ante el futuro" y ante la singularidad del acontecimiento real. El error policial en este caso obedeció, según el propio despacho, a deficiencias en las plataformas tecnológicas de soporte, lo que forzó la revisión del expediente.
Frente al relato de la autoridad, la defensa ciudadana más efectiva es la contra-auditoría de los datos. Exigir rigor telemétrico y probatorio no solo neutraliza el constreñimiento institucional, sino que transforma la fricción administrativa en un ejercicio real de control ciudadano y soberanía técnica.